"Yo tengo mis manos y sé trabajar para sacar adelante a mi familia", dijo en rueda de prensa en el Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, en San Cristóbal, al agregar que tiene siete hijos, uno de ellos nacido en prisión.
La indígena de 37 años de edad, fue liberada ayer como resultado de la revisión de su expediente penal realizada por la llamada Mesa de Reconciliación, integrada por diferentes instancias del Gobierno del Estado.
Originaria de la comunidad de Cuchuntón, municipio de Mitontic, Margarita había sido detenida en marzo de 2005 luego de que su hija mayor golpeó con un trozo de madera en la cabeza y mató a su padre Juan Velasco López, al enterarse de que pretendía violar a su hermana de cinco años. Ambas fueron detenidas pero la joven fue liberada tres años después y Margarita condenada a 15 años y a pagar una multa de 34 mil 799 pesos.
La mujer denunció que el hoy occiso era responsable de violencia familiar y sexual.
Acompañada por integrantes del Centro de Derechos para la Mujer dijo sentirse "muy feliz y contenta" por su liberación, al tiempo de expresar su agradecimiento a quienes contribuyeron a su excarcelamiento.
"Yo denuncié la injusticia desde hace siete años y por qué ahorita me busca el gobierno que nunca me escuchó ni tomó mi petición de que se hiciera justicia", aseveró Margarita, quien pidió que no se le tomaran fotografías de frente porque tiene temor de ser agredida.
Lo anterior lo dijo porque al salir del Penal número 5 con sede en este municipio, funcionarios estatales la esperaban para trasladarla a Tuxtla Gutiérrez con el fin de que diera una conferencia de prensa junto al gobernador Juan Sabines Guerrero.
"El gobierno dice que me dará apoyo a través de sus programas pero nunca recibí apoyo; mi mamá (de 72 años) cuidó a mis hijos y nunca le dieron nada y ahora que estoy en libertad me lo ofrecen. No señor Gobernador, muchas gracias, yo tengo mis manos y mis pies para trabajar y ganar mi dinero", afirmó.
El Centro de Derechos de la Mujer dijo que su excarcelación se logró en gran medida por la presión en las redes sociales y que las autoridades aceptaron que era una "injusticia".